COMUNICADO DE PRENSA
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El candidato presidencial del Partido Verde quiere reformar la naturaleza antidemocrática de ese tribunal

Howie Hawkins, el candidato presidencial del Partido Verde, dijo que si bien la nominación del nuevo juez o jueza de la Corte Suprema debe esperar hasta el próximo período presidencial, también es importante tener control sobre los poderes del tribunal, el que describió como un  “consejo seudo legislativo, sin supervisión, vitalicio y no electo”.

Hawkins desafió al líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, y a los demócratas del Senado, a finalmente enfrentarse al líder de la mayoría de la Cámara Alta, Mitch McConnell, y usar los poderes parlamentarios de la minoría para retrasar la nominación. “Los demócratas siempre se alejan de las luchas reales en el Congreso, como vimos con su demora en el juicio político y su continua falta de voluntad para desafiar al fiscal general William Barr. Joe Biden como presidente del Comité Judicial del Senado lideró las aprobaciones para integrar la Corte Suprema de Clarence Thomas, Antonin Scalia y Anthony Kennedy. Los demócratas permitieron que McConnell les bloqueara la nominación de Merrick Garland como juez de la Corte Suprema en 2016, sin obstruir con maniobras parlamentarias al líder de la mayoría. Todos ladran pero no muerden”, agregó.

Aumentar tamaño de la Corte Suprema y terminar mandatos vitalicios

Hawkins dijo que estaría dispuesto a aumentar el número de jueces  de la Corte Suprema. De hecho, el número de magistrados se ha modificado varias veces en la historia del país. Como presidente, Hawkins se centraría en limitar los poderes de la cada vez más errática Corte Suprema. La Constitución otorga a la Corte Suprema jurisdicción original sobre un número limitado de asuntos, principalmente relacionados con juicios entre estados. Sus poderes de apelación están sujetos a las “excepciones y regulaciones” promulgadas por el Congreso. Como ejemplo de una reforma de la Corte Suprema, Hawkins presionaría para que se eliminara su poder para revocar legislaciones federales, o como mínimo exigir un quórum de súpermayoría para esas decisiones.

El Congreso también puede legislar para poner control, por ejemplo, a posibles cambios de la ley Roe v. Wade sobre los derechos al aborto, y para revocar decisiones judiciales,  como restaurar el requisito de autorización previa en la Ley de Derechos Electorales y proteger los derechos de las personas. Ese prerrequisito legal fue establecido para evitar abusos a los derechos electorales en zonas que históricamente discriminaban contra las minorías, especialmente los afroestadounidenses. Cualquier cambio en los reglamentos electorales debía ser preaprobado por el Departamento de Justicia. Ese prerrequisito fue eliminado por la Corte Suprema en 2013.

Hawkins dijo que también era hora de imponer límites a los años de mandato a los jueces, en lugar de permitirles continuar siendo miembros de por vida.

Una Corte que protege al poder corporativo y de los negocios

“La Corte Suprema siempre ha sido una institución antidemocrática, que protege principalmente los derechos de propiedad y los poderes de los ricos y poderosos. Cualquier legitimidad que tenía como un consejo de expertos legales de alto nivel ha sido destruida por su creciente partidismo, incluida la instalación de George W. Bush en la Casa Blanca el año 2000 pese a haber perdido el voto popular. Los dos partidos principales ahora solo se enfocan en llenar la corte”, dijo Hawkins.

Hawkins señaló que el tribunal ha sido durante mucho tiempo un defensor del poder corporativo. La Corte Suprema ratificó la doctrina inventada sobre que el dinero es parte de la “libertad de expresión” en lugar de simplemente un bien material, lo que ha permitido a los ricos comprar elecciones más fácilmente. Otra doctrina legalizada por la Corte Suprema es que las empresas tienen derechos constitucionales similares a las personas naturales. Esta doctrina de la “personalidad corporativa” ha aumentado enormemente el poder empresarial,  ha protegido a las corporaciones de las regulaciones y aumentado el gasto electoral de las empresas. Hawkins llama a  aprobar  la enmienda a la Constitución de EE. UU. llamada “Nosotros, el Pueblo” (“We The People Ammendment”), o HJ Res. 48, que pondría fin a las doctrinas sobre el uso del dinero como parte de la libertad de expresión, y la ley de personalidad corporativa.

Los jueces recientemente nombrados por el Partido Demócrata, incluida Ruth Badder Ginsberg, han sido neoliberales en el tema económico que están de acuerdo con los jueces conservadores sobre el poder corporativo. Como el resto del cuerpo político, la Corte se ha desplazado mucho a la derecha, con el actual bloque progresista siendo realmente de centro según los estándares históricos. Y muy a la derecha de los abanderados de izquierda recientes como William Brennan y Thurgood Marshall. Los progresistas de la Corte Suprema de hoy habrían estado a la derecha del tribunal en los tiempos del histórico ministro Earl Warren. La actual corte es la más favorable al mundo de los negocios en un siglo.

El Partido Demócrata tiene opciones para frenar nominación

Dado que el Senado de los Estados Unidos se basa en un sistema de consentimiento unánime para concretar incluso sus asuntos más básicos, los miembros del Partido Demócrata pueden simplemente paralizar todo, rechazando dicho consentimiento. Pueden obligar al Partido Republicano a realizar procesos con altas demoras, como forzar la lectura de proyectos de ley completos en voz alta. También pueden retrasar el presupuesto federal (especialmente considerando que el Partido Republicano se ha negado durante meses a avanzar en el programa de alivio sobre la crisis COVID-19).

Los demócratas también podrían detener la nominación de un candidato a la Corte Suprema mediante un proceso de juicio político (“impeachment”), que tiene prioridad por sobre los demás asuntos del Congreso. Podrían de nuevo acusar constitucionalmente a Trump, sobre la base de todos los innumerables abusos que ha cometido, desde acciones ilegales que perjudican a los trabajadores, los consumidores y el medio ambiente, hasta el enriquecimiento personal a expensas de los contribuyentes. E incluido el intento de socavar las elecciones presidenciales de este año. El fiscal general William Barr podría ser acusado políticamente por corruptamente menoscabar el informe e investigación de Mueller (colusión rusa para beneficiar a Trump en las elecciones de 2016). Barr buscó ilegalmente generar reducciones de sentencias o absoluciones para los cómplices criminales de Trump condenados por delitos federales. También obstruyó las investigaciones del Congreso y violó los derechos de la Primera y Cuarta Enmienda de los ciudadanos que participaron en manifestaciones no violentas.

“Los demócratas usan los nombramientos de la Corte Suprema para tratar de asustar a la gente para que vote por ellos. Lo que no le dicen a la gente es que han permitido que la Corte se convierta en un cuerpo mucho más poderoso y reaccionario de lo que los fundadores jamás imaginaron. Es hora de que nosotros, el pueblo, exijamos un mandato sobre el poder de la Corte Suprema”, agregó Hawkins.

[Crédito de Foto: licencia de uso libre, Joe Ravi, CC-BY-SA 3.0]